En el último año se ha estado impulsando el debate en torno a posibles “swaps” de deuda por acción climática, algo así como una reformulación de lo que alguna vez fueron los polémicos swaps de deuda por naturaleza, aunque esta vez basados en planes de mitigación o adaptación climática. Ningún mecanismo de esta naturaleza es a priori negativo, pero tampoco hay que aceptarlos a libro cerrado. Cada una de esas propuestas tiene sus complejidades, especialmente si lo que se busca es generar un mecanismo que pueda generalizarse o ser escalable. He observado que en varios de estos nuevos debates ha surgido la referencia al caso Yasuní (Ecuador) y no siempre se lo hace del modo adecuado o, por lo menos, atendiendo a la complejidad del caso.
El siguiente texto lo redacté en 2010, cuando el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, había lanzado su iniciativa para buscar una compensación económica para proteger el Parque Yasuní y cesar la explotación de hidrocarburos que afectaría el área. En aquel entonces hubo un importante segmento del ambientalismo latinoamericano que, alineado al llamado “Socialismo del Siglo XXI”, apoyó esa iniciativa de manera acrítica.
El objetivo de este texto fue aportar un enfoque crítico a esa propuesta y señalar algunas trampas que encierran las “compensaciones” mal diseñadas o pensadas de un modo oportunista. Es una advertencia que debe ser tenida en cuenta cuando se analizan mecanismos de este tipo, como es el caso de los canjes con deuda o similares. La propuesta ecuatoriana no recibió apoyo internacional, entre otras razones, por varios de los argumentos que aquí expongo.
Septiembre, 2021
Reflexiones sobre Iniciativa Yasuní
Estas son algunas reflexiones breves acerca de las inconsistencias que vemos en la Iniciativa Yasuní ITT. Por qué consideramos que éste no es un buen modelo de negociación para enfrentar el cambio climático y la pérdida de los bosques.*
Es una iniciativa unilateral que amenaza con destruir lo que dice querer proteger
No se puede diseñar un instrumento internacional de conservación de la biodiversidad o de mitigación de emisiones de GEI en base a la amenaza de avanzar destructivamente sobre la naturaleza si no son satisfechos los reclamos económicos. Es decir, no puede ser del estilo “si no pagan lo (unilateralmente) estipulado, destruyo”.
Puede realizarse una iniciativa unilateral, pero debería partir de un compromiso basado en la convicción de llevar a cabo el proyecto en cuestión sin apelar a la amenaza. Si se busca elaborar una propuesta de compensación, la misma debería estar basada en un acuerdo internacional con reglas claras para todos. Esa negociación no tuvo lugar.
Se ha dicho que esta iniciativa era un comienzo, para que luego se reprodujera en sitios similares. No es replicable un modelo que se basa en la amenaza de destruir lo que se debe proteger, más allá de que algún caso particular pueda tener éxito. No es realista suponer que los países lo acepten, puesto que habilita un peligroso criterio por el cual los más inescrupulosos tendrían mayor capacidad de chantaje para sentarse a negociar.
Además, se instalaría el incentivo perverso a que otros eliminen o debiliten sus leyes proteccionistas (o amenazar con hacerlo) a cambio de recibir compensaciones. También conduciría al “marketing” de los ecosistemas para generar un mayor atractivo de potenciales donantes o movilizar grupos interesados en promocionar su ayuda (greenwashing). Ese tipo de conservación se focalizaría prioritariamente sobre aquellas áreas con especies animales emblemáticas y paisajes más exóticos, en detrimento de otras áreas.
Complejidad del Pago por Servicios Ambientales
Otro de los elementos que subyace en la iniciativa Yasuní es el “pago por los servicios ambientales” que prestan ciertos ecosistemas. Además de ser ésta una materia extremadamente compleja y conflictiva, no existe en la propuesta ningún intento serio de valoración de tales “servicios”. Por el contrario, esa valoración está relacionada económicamente con el valor del petróleo alojado en el subsuelo. Una confusión que debilita la argumentación y no permite establecer ningún precedente útil para aquellos ecosistemas que no poseen reservas de hidrocarburos en su subsuelo. Los “servicios ambientales” o los bienes de la naturaleza deberían defenderse independientemente de los fósiles subyacentes.
No es conducente actuar achicando la oferta
Cerrar pozos petroleros no es, a priori, una estrategia conducente para provocar la reducción de emisiones. La eliminación de algunos pozos dentro de la oferta petrolera no representará una reducción de emisiones ya que la oferta fósil es muy grande y de inmediato seria reemplazada por otras explotaciones de hidrocarburos.
Una moratoria en la apertura de nuevos yacimientos o nuevas áreas de explotación (como fue el caso de la Antártida), de ser acordada globalmente, tendría consecuencias positivas. Sin embargo, de no ser negociada en el marco de la UNFCCC podría, por sí sola, conducir a una suba de precios generalizada del petróleo como commodity. Suba que impactaría tanto en economías desarrolladas como en vías de desarrollo, en países con obligaciones inmediatas de reducción de emisiones como en aquellos que aún tienen derechos para aumentar las suyas (consumo de fósiles). Un impacto de este tipo no es coherente con el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Las medidas prioritarias de mitigación deben apuntar al uso final de la energía y a las limitaciones en las emisiones acorde a las responsabilidades presentes e históricas de cada uno de los países. Las medidas voluntarias, como la compra de “bonos yasuni” no garantizan la reducción global necesaria ni la que cada país debiera realizar en función de su “deuda climática”.
Reclama compensación por “lucro cesante”
Si bien la Convención de Cambio Climático reconoce (Art.4, ítem 8) que se estudiarán las medidas necesarias para atender las necesidades de aquellos países “cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su consumo” este tipo de compensaciones no se están implementando y la prioridad financiera está puesta en los esfuerzos de mitigación y en los de adaptación.
Son sumamente escasos los recursos que se han movilizado hasta ahora en torno a la urgente necesidad de poner en marcha la mitigación a escala global y tampoco los fondos para la adaptación han sido dispuestos en la magnitud que se reclama, esto últimos, particularmente importantes para los países menos desarrollados. Frente a este panorama, las compensaciones por “lucro cesante” de los países exportadores de petróleo no resulta ser materia prioritaria en el actual contexto.
(*) El texto fue redactado conjuntamente por Juan Carlos Villalonga y Roque Pedace.
Anexo: Ver discurso del presidente Rafael Correa anunciando el fin del proyecto Yasuní (Cadena Nacional, 15/8/2013)
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