La deforestación representa el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Es legítimo revisar el mapa de ordenamiento territorial de los bosques. Pero para ello hay que atenerse a la ley.
La historia de la llamada ley de bosques está atada a la participación ciudadana y a la movilización de la sociedad civil. En 2007, las firmas de más de un millón y medio de personas de todo el país lograron poner en agenda legislativa un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso de la Nación ese mismo año.
Antes, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales se habían plantado contra las topadoras que amenazaban los bosques de sus provincias mostrando la emergencia forestal por la que atravesaba el país, lo que generó un movimiento nacional que derivó finalmente en la sanción de la ley número 26.331, una de las primeras de presupuestos mínimos.
Mapas equilibrados
Dicha ley establece en su artículo sexto la realización de un ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, ajustado a los criterios de sustentabilidad establecidos en la propia norma. Asimismo, establece que cada jurisdicción debe realizar y actualizar periódicamente este ordenamiento.
Varias provincias –sobre todo aquellas en las que se registraba mayor conflictividad en aquel entonces– realizaron sus OTBN ateniéndose a la ley. En ellas, se obtuvieron los mapas más equilibrados y no se generaron conflictos en torno del proceso y del resultado.
Dado que la ley establece la participación como requisito necesario para realizar el OTBN, es inaceptable que la actualización del mapa prescinda de este proceso.
Los antecedentes de los ejercicios de ordenamiento y sus diferencias sirven, además, de ejemplo de la utilidad y eficacia de este procedimiento.
Por otro lado, el uso del suelo con bosques nativos no es únicamente un asunto de productores agropecuarios. Argentina está dentro de los 10 países que más masa forestal perdieron en los últimos años. Y las consecuencias que la destrucción de bosques tiene sobre el resto de la sociedad, actividades productivas, obras públicas y el clima no pueden desconocerse.
No a la deforestación
La deforestación representa el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país.
Para combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos asumidos por el país al firmar el Acuerdo de París, la deforestación en todo el territorio nacional debe tender a cero en los próximos cuatro años.
Es decir, es legítimo revisar el mapa de ordenamiento territorial de los bosques. Pero para ello hay que atenerse a la ley.
En primera instancia, a sus objetivos, entre ellos el de promover la conservación mediante el OTBN; el de regular la expansión de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo; y el de implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo.
En segundo lugar, atenerse a los procedimientos exigidos, es decir, el proceso de participación ciudadana en la elaboración del mapa del OTBN.
Por otro lado, la revisión de los OTBN debe tener como marco obligado la crisis climática a la que se enfrenta la humanidad. Argentina debe alcanzar deforestación cero en 2020.
Para ello, los ordenamientos deberán eliminar sus áreas verdes, es decir las áreas destinadas a la deforestación.
Sólo una revisión de los OTBN bajo estos criterios reflejará la responsabilidad política de los representantes del pueblo y de la propia sociedad civil ante la protección de un ecosistema clave.
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