Que cada usuario sea productor-consumidor es posible pero se necesita una normativa que lo regule; ya se discute en el Congreso pero estiman que recién en un año podría ponerse en marcha.
En poco tiempo la escena de techos con paneles solares no será tan extraña en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Aunque hoy hay algunos edificios públicos como escuelas, la Defensoría del Pueblo porteña y la Legislatura que ya cuentan con equipos, no hay una regulación nacional para que cada usuario pueda convertirse en productor y consumidor de energía eléctrica.
Por otro lado, Santa Fe, Mendoza y Salta cuentan con una normativa que permite inyectar energía en la red a partir de renovables, las experiencias no son masivas. Hoy se discuten varios proyectos en el Congreso y la Comisión de Energía pretende que salga uno que reúna los acuerdos de las distintas iniciativas. Esto es lo que se denomina generación distribuida.
Juan Carlos Villalonga, diputado nacional por el espacio Cambiemos, presentó su propuesta. “Esto permitirá volcar energía limpia a la red de los pequeños contribuyentes”, dice. Según el proyecto, estos usuarios no podrán equiparse para generar energía eléctrica distribuida a partir de fuentes renovables que superen los 30 KW de potencia instalada. Para el ex Greenpeace, su proyecto viene a contribuir tal como lo han hecho otros legisladores con presentaciones propias durante las temporadas 2014 y 2015. “Lo que más me interesa es que el proceso arranque en el parlamento. Lo importante es que se inicie la discusión interna en Diputados dentro de la Comisión de Energía, con eso ganamos tiempo”, indicó.
Según el legislador, la norma debe reunir dos condiciones: apoyar al contribuyente en la adquisición del equipo renovable y darle la posibilidad de que amortice en un tiempo razonable la fuente limpia. El plazo que él propone es de cinco años en los cuales el productor tendrá una “tarifa de incentivo”. Algo así implementó Santa Fe, que ya cuenta con una ley, pero no consiguió demasiada adhesión. De esta forma en ese plazo se puede recuperar la inversión de los equipos, que rondaría los 80.000 pesos. Los equipos, obviamente, deben estar homologados y aprobados por el distribuidor de energía para minimizar los problemas que puedan generarse en la red.
Incentivos
En el mundo, el sistema de generación distribuida cuenta con dos tipos de tarifas, uno que tiene una paridad de precios respecto de lo que el usuario paga (se llama técnicamente net metering), y el otro en que el dueño del panel recibe un estímulo monetario adicional por volcar a la red (feed-in tariff).
Juan Bosch, de San Atanasio Energía SA (Saesa), es muy optimista respecto del escenario futuro: “Creo que es fundamental por el ahorro en los costos de transporte, la diversificación y elasticidad de todo el sistema eléctrico. En Argentina estamos en pañales en materia de energía, en general; en el paso hacia el pro consumo estamos todavía dentro de la panza materna”. Sin embargo, opinó que en cuanto exista la regulación con buenos incentivos se desarrollará rápidamente: “Los incentivos son cruciales, hoy estaba como dado vuelta. Ahora que los subsidios se van achicando, cuando se diseñen correctamente, todo lo demás va a ser muy pronto. Una vez que eso suceda, en menos de dos años deberíamos ver un desarrollo muy importante”.
En la Argentina sólo tres provincias cuentan con un marco regulatorio para que usuarios residenciales, comerciales e industriales puedan inyectar energía limpia a la red, por medio de fuentes renovables, a cambio de un resarcimiento en la boleta eléctrica. En el caso de Salta y Mendoza, no comenzaron a motorizarse instalaciones bajo el paraguas del marco legal por cuestiones técnicas aún a resolverse. En lo que respecta a Santa Fe, hasta principios del mes de abril la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reconocía la energía limpia aportada por el usuario al mismo precio que se la compraba a la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, la cual estaba fuertemente subsidiada. Esto provocaba que el gasto inicial de miles de dólares en concepto de compra e instalación de un equipo renovable recién llegará a amortizarse al cabo de algunos lustros, lo que no justificaba la inversión. Hoy el sistema santafecino cuenta con una tarifa promocional más seductora.
Ricardo Girolami, de Solamérica, contó que en los últimos meses, luego de los aumentos en las tarifas de electricidad aumentó el número de consultas para compra de equipos. “En el caso de la energía eléctrica fotovoltaica vemos viable la instalación de equipos individuales que generen una parte importante del consumo pico de cada vivienda, pudiendo devolver energía a la red en las horas de bajo consumo”, indicó.
Por el momento, los proyectos siguen en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Los más optimistas aseguran que, en un año, podría ser una realidad. El gobierno, para cumplir con la ley de promoción de energías renovables, lanzó la licitación de 1000 MW de energía limpia y hasta el momento ha recibido varias ofertas. El objetivo es que la matriz energética local, compuesta en un 80% por combustibles fósiles como el petróleo y el gas, se diversifique y las renovables alcancen para 2018 el 8% de participación.
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