Desde la entidad que aglutina a los Grandes Usuarios del país, AGUEERA, saludan que finalmente se haya decidido quitar del proyecto de Ley el Artículo 39, que fijaba un cargo a la demanda. En esta nota explican sus propósitos.
“Nuestra Asociación nuclea a grandes consumidores de energía eléctrica y por tal motivo la seguridad de abastecimiento y el costo de la misma es motivo de constante atención”, comienza contando a Energía Estratégica, Julia Carruthers, gerente de la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (Agueera), consultada sobre la posición de la entidad frente a la Ley de Generación Renovable Distribuida.
“Al respecto del proyecto que se está consensuado entre diputados de distintos bloques –continúa la ejecutiva-, esta Asociación considera necesario y positivo avanzar hacia una diversificación de la matriz energética del país, que incluya las energías renovables, en tanto contribuyan a la seguridad de abastecimiento, reducción de costos y mejora de los indicadores ambientales del sector”.
Carruthers hace hincapié sobre el proyecto que estuvo trabajando el inter-bloque de diputados conformado por Néstor Tomassi (Bloque Justicialista), Juan Carlos Villalonga (Cambiemos) y Luís María Bardeggia (Frente para la Victoria), resultado de la unificación de sus propuestas de Ley de Generación Renovable Distribuida.
Cabe destacar que AGUEERA formó parte de las entidades que sugirieron aportes a este proyecto, al igual que la CADER, el INTI, IRESUD, ADERE, CFEE, la CACME, la FACE, el ENRE, el sector privado, ADEERA, gobiernos locales y provinciales y el Ministerio de Energía y Minería.
Además, otros legisladores de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados hicieron observaciones al proyecto.
Uno de ellos fue Jorge Taboada, diputado de Chubut Somos Todos, que al no llegar a un acuerdo sobre ciertos aspectos del escrito presentó un proyecto aparte teniendo la misma base que en el que se venía trabajando, pero con algunas diferencias. En estos momentos ambos proyectos están en proceso de unificación.
Uno de los puntos sobre el que se oponía el diputado chubutense era al Artículo 39 del proyecto de Ley del inter-bloque, que establece un cargo a toda la demanda del 3% sobre el precio estacional que pagarían todos los usuarios, incluidos los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cuyo destino es el FODIS y el FODER.
Finalmente la semana pasada se acordó que este artículo quedará afuera del texto definitivo y que sea a través del presupuesto nacional que se ensanchen las arcas del FODIS y FODER, con una partida del presupuesto nacional de 500 millones de pesos.
Ambos fondos tendrán como objetivo promover las energías renovables distribuidas mediante la creación de instrumentos y el otorgamiento de incentivos y beneficios.
Por su parte, AGUEERA saluda la quita del Artículo 39, sobre todo alegando que los Grandes Usuarios están pagando tarifas excesivas a comparación de otros países. Días atrás la Asociación le envió una carta al ministro Juan José Aranguren exhortando sobre esta problemática.
Además, Carruthers recuerda que a través de la Ley 27.191 los Grandes Usuarios deberán incorporar próximamente un 8 por ciento de energías renovables de su consumo, ya sea con un proveedor privado, comprando a CAMMESA o gestionando su propio proyecto.
“En cualquiera de estas opciones, el Gran Usuario garantiza el pago de todas sus compras de energía”, señala la ejecutiva.
Y precisa: “en el caso de autoabastecimiento, el emprendedor asume el riesgo del desarrollo del proyecto; en caso de contratos entre privados las partes acuerdan en forma privada las condiciones comerciales; y finalmente, en el caso que el Gran Usuario decida participar de la compra conjunta de energía renovable de CAMMESA, ya respalda todas sus compras de energía mediante el pago del cargo de Sustentabilidad y Garantía”.
Además sostiene que “los recursos recaudados a partir de este cargo, creado en el año 2013, de 15 $/MWh, vienen acumulándose a razón de 20 millones de pesos mensuales, en un fondo administrado por CAMMESA que a la fecha posee más de 1.300 millones de pesos”. “Por lo que un nuevo cargo con el mismo fin, constituye un caso de doble imposición”, argumenta.
“Por los motivos antes expuestos, entendemos que los Grandes Usuarios del MEM no deberían estar abarcados en este nuevo cargo a la demanda, por constituir un cargo sin contraprestación alguna en el caso de los recursos destinados al FODIS o una doble imposición en el caso de los recursos destinados al FODER”, remata Carruthers.
Y concluye: “recordamos también que los Grandes Usuarios del MEM afrontan precios de la energía eléctrica muy superiores al resto de los usuarios con precio estacional, o la que afrontan usuarios similares en otros países de la región, por lo que un nuevo cargo sólo contribuye a afectar aún más la competitividad del sector”.
3/7/17
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